Desde el 12 de mayo del 2019, las empresas españolas deberán establecer un registro diario de la jornada laboral de sus trabajadores; el incumplimiento reiterado de esta nueva obligación, conllevará sanciones para los empresarios. Esta nueva exigencia supone un nuevo gasto directo para el tejido empresarial, al tener que implantar los instrumentos técnicos necesarios y adecuados para realizar dicho registro; además, el coste indirecto que supondrá a las empresas será muy elevado, al reducir el número de horas de trabajo no reguladas, o el gasto millonario de tener que cotizar por aquellas horas que anteriormente no cotizaban a la Seguridad Social. Con la nueva Ley 8/2019, de 8 marzo, sobre medidas urgentes de protección social y lucha contra la precariedad laboral, en la jornada de trabajo, se intentarán regularizar los 6,5 millones de horas extra que se trabajan en España, de las que una parte de ellas no cotizan; aproximadamente un 46%; por lo tanto, con la entrada en vigor de esta nueva Ley, además de luchar contra la precariedad laboral que sufren un elevado número de trabajadores, el Estado, aumentará la recaudación de la Seguridad Social. Esta nueva medida de protección social, contra el fraude y la precariedad laboral, va en consonancia con el sistema de registro que posee el resto de Estados de la Unión Europea, y a pesar de ser considerada una de las más rígidas, se produce en un momento donde el mercado laboral español no pasa por su mejor momento, ya que donde desde la patronal y otras organizaciones sindicales, se está pidiendo la derogación de la anterior reforma laboral.