El fenómeno de las llamadas fake news genera creciente preocupación política porque pueden poner en riesgo la democracia misma, si las estrategias de desinformación masiva llegan a influir en los resultados electorales. Ante este problema, cabe preguntarse si basta la adopción voluntaria de medidas autorreguladoras por parte de los operadores de plataformas en internet o si es imprescindible la intervención coercitiva de los poderes públicos.