Desde que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia por COVID-19 hasta la elaboración de este editorial (11 de octubre de 2021), se han registrado a nivel mundial 236.599.025 casos confirmados de COVID-19, incluyendo 4.831.486 fallecimientos1.En España se han producido 4.973.619 casos confirmados, con 86.778 fallecidos y una letalidad global de la pandemia del 1,7%2. Toda la sociedad se ha visto tremendamente impactada por esta pandemia y la medicina legal y forense no ha sido ajena a ello. Además de los diversos aspectos médico-legales de la pandemia, a los que Revista Española de Medicina Legal dedicó un monográfico3, en plena pandemia se produjeron acciones importantes. El 20 de marzo de 2020 la Comisión de Coordinación de Crisis de la Administración de Justicia acordó poner a los médicos forenses de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) al servicio de las autoridades sanitarias para luchar contra el coronavirus4, iniciativa que seguramente se acompañó de otras similares a nivel autonómico o local. En algunas autonomías, como fue el caso de Castilla y León, se estableció un marco de colaboración entre la Dirección General de Salud Pública (DGSP) de Castilla y León y los IMLCF para informar de los fallecimientos y de sus características demográficas y médicas5.